A la salida del Parlamento, los diputados se han encontrado con una protesta ciudadana que ha lanzado huevos tanto a los políticos como a la policía. La norma se ha sometido a votación en la Cámara catalana con un mes de retraso, el que ha necesitado el Consejo de Garantías Estatutarias para avalar su idoneidad después de que ICV-EUiA, SI y Ciutadans solicitaran su dictamen.

Otras consecuencias que tendrá la aprobación de la ley -que ha obtenido 61 votos a favor, 52 en contra y 17 abstenciones- serán un incremento del canon por captación de agua, un recorte del 15% en la jornada laboral de los empleados interinos de la Generalitat, así como que se implante una tasa para acceder a la justicia.
El retraso de un mes en la aprobación de esta ley tendrá un impacto negativo en las arcas de la Generalitat de 50 millones de euros, según las estimaciones del Departamento de Economía, aunque el portavoz adjunto de CiU en la cámara, Ramon Espadaler, ha elevado esta cifra a 60 millones.
En cuanto a los grupos que han rechazado el proyecto, el diputado del PSC y ex consejero Ernest Maragall ha lamentado que estas modificaciones introducidas por los populares representan una "voluminosa renuncia a ingresos" por parte del Gobierno. "Esta ley está tan desvinculada de la realidad como lo estaba la de Presupuestos", ha exclamado Maragall, que ha denunciado que la norma no se ajusta ni a la realidad económica actual ni a las previsiones en este sentido.
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